El Senado canadiense
aprobó legalizar el cannabis en junio de 2018, permitiéndose la producción y
consumo de la sustancia a partir del 17 de octubre del mismo año. La
importancia que tiene este hecho viene determinada por el potencial político y
económico del país, ya que es el primer miembro del G-20 que lo hace.
De este modo, se une a
la lista cada vez más larga de países que han optado por reducir las
restricciones respecto a la producción, comercio y consumo de esta sustancia y
apostar por vías más aperturistas.
Hasta el momento, la
principal razón que ha justificado la prohibición del cultivo y consumo de
cannabis, al menos de forma pública y obviando otras causas socioeconómicas
objeto de polémicas, se ha basado en la consideración de sus supuestos efectos
peligrosos para la salud y de un limitado poder terapéutico, aspectos que
quedaban asumidos por su inclusión en la lista de la Convención Única sobre
Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961.
Sin embargo, dos
fenómenos recientes han venido a cuestionar este planteamiento. El primero, la continua
investigación sobre los usos terapéuticos de la sustancia. Y, el segundo,
consecuencia del anterior, el envío de la carta del director de la Organización
Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, al secretario general de las Naciones
Unidas, Antonio Guterres, solicitando eliminar el cannabis de la lista de
drogas más peligrosas, lo que implicaría someterlo a un nuevo estatus
regulador.
Esta industria podría
suponer para España, según algunas estimaciones, una actividad económica cuya
cuantía superara los 8.000 millones de euros en 2028 (Prohibition Partners,
2019), dadas las idóneas condiciones climatológicas y tecnológicas existentes
en nuestro país para su desarrollo.
Por todo ello, y en
conclusión, si tenemos en cuenta los índices de consumo, los aspectos
sanitarios y económicos, y analizamos la tendencia creciente de países que
optan por una regulación más aperturista, así como lo que parece una imparable
progresión internacional hacia la legalización de la sustancia, la pregunta que
cabe hacerse es si no debería ir posicionándose España ante esta situación, con
el fin de obtener cuanto antes el conjunto de beneficios potenciales
(personales, sociales y económicos) que brindaría este nuevo mercado.
Por Antonio Cervero
Fernández-Castañón, psicólogo sanitario, PDI del Departamento de Psicología,
Universidad de Oviedo:
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