Instalar la priorización del pago de la deuda exterior en la constitución puede significar un futuro hipotecado para ciudadanos y contribuyentes. Si no se genera suficiente riqueza para cubrir dichos pagos, puede empezar a tirarse de cualquier tipo de prestación social o salario oficial.
En caso de pleito los jueces deberán aplicar la ley según el citado texto.
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